Las siempre sensibles relaciones entre el Gobierno y la Iglesia se encaminan a sumar un nuevo punto de fricción. El incipiente conflicto viene por el lado del juego, un asunto que el clero siempre criticó por considerarlo un vicio ruinoso, pero que -al compás de los nuevos tiempos- debió terminar soportando. El problema es que la tolerancia de los obispos empieza a encontrar su límite por lo que consideran la enorme proliferación de las casas de juegos a caballo de una preocupante alianza con el poder político.
La inquietud de los miembros del Episcopado dejó de ser un comentario puertas para adentro. El presidente de la comisión de Pastoral Social, el obispo Jorge Casaretto -quien nunca mostró animosidad contra el kirchnerismo-, acaba de denunciar la situación: "El poder económico de los grandes empresarios del juego y sus alianzas con los poderes políticos son enormes. La compra de voluntades y de apoyos no reconoce límites", disparó.
El obispo fue más explícito: "Muchas veces, funcionarios honestos han tenido que soportar presiones desde diversos estratos del poder para votar leyes o autorizar concesiones que faciliten el enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa de la degradación de muchos". Monseñor Casaretto viene sufriendo el problema en carne propia: dos bingos con tragamonedas intentan instalarse en San Isidro y Vicente López, dos municipios que están dentro de su diócesis.
La denuncia de Casaretto adquiere mayor voltaje político porque detrás del negocio de los tragamonedas está el empresario Cristobal López, cercano al ex presidente Néstor Kirchner. Aún está fresca una controvertida decisión que tomó Kirchner poco antes de dejar la Presidencia: el haberle prorrogando a López la concesión de las tragamonedas de Palermo hasta 2032, determinación que suscitó críticas en la oposición y el anuncio de una investigación parlamentaria que todavía está en ciernes.
Claro que el negocio del juego también tiene otros actores. Empresarios que manejan casas de juego en el interior del país; otros vinculados a sectores duhaldistas que desembarcaron en los bingos bonaerenses en los últimos años y capitales extranjeros, básicamente españoles, que participan de la explotación de casinos en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario (ver El negocio...).
En rigor, la denuncia de Casaretto apuntaría además a los presuntos vínculos de empresarios del juego con sectores de la Gobernación bonaerense. Fuentes eclesiásticas recordaron a Clarín que el interventor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis Peluso, contrató como asesor a Carlos Gallo, que sería hombre de confianza de López. De todas formas, Casaretto no cree que todo está perdido: "Algunos municipios de nuestra diócesis han podido resistir las presiones".
El cuadro de situación que se dibujó en un despacho eclesiástico fue el siguiente: "Como no pueden abrirse nuevos bingos en la Provincia, la idea es trasladar los de Zárate y Campana, con el agregado clave de los tragamonedas, a Vicente López y San Isidro". Se aseguró, incluso, que los nuevos emplazamientos no respetarían la distancia mínima que debe haber con el cercano casino de Tigre: 150 kilómetros.
Los sucesivos obispos de la diócesis sanisidrense siempre resistieron la instalación de casas de juego en su jurisdicción, aunque hay un bingo en el municipio de San Fernando y el mencionado Casino de Tigre, gerenciado por la empresa Boldt.
Las fuentes eclesiásticas dijeron que el presidente del Episcopado, cardenal Jorge Bergoglio -a quien el kirchnerismo ve como un enemigo-, acompaña la preocupación de Casaretto. Bergoglio, un jesuita que sabe perfectamente el valor de los gestos, recibió semanas atrás a los trabajadores despedidos del casino flotante de Puerto Madero.
No se descarta que la problemática del juego y sus presuntos lazos con el poder político sea analizada esta semana durante la primera reunión de la cúpula de la Iglesia. Más de uno seguirá con lupa ese cónclave.
Clarín - 9/3/08
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